10. REFLEXIONES SOBRE LA INCIDENCIA DEL NUEVO SALARIO MÍNIMO DE BsS. 1.800 EN LOS TABULADORES SALARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. (08/09/2018)

Anteriormente, reflexioné sobre la viabilidad de que el Gobierno asumiera el subsidio de las nóminas de las empresas del sector privado, advirtiendo el gran impacto que esto también tendría en el gasto de personal de la Administración Pública.

Las convenciones colectivas vigentes y las estructuras de los tabuladores salariales, de todos los gremios que coexisten en los distintos organismos de la administración pública, parten de un piso que supera, en muchos casos, más de un salario mínimo; por lo que resulta obvio que el incremento del gasto público será exponencial, en especial en lo relativo a gastos de personal, además de la repercusión en los pasivos laborales derivados de la retroactividad de las Prestaciones Sociales. Este escenario, vislumbraba a priori lo difícil que sería para el Gobierno implementar una estricta disciplina fiscal con el fin de reducir el déficit fiscal si, simultáneamente, por otra parte, no se prevén los mecanismos para incrementar significativamente los ingresos fiscales, así como erradicar el flagelo de la corrupción, y reducir los gastos burocráticos ineficientes. De no tomar estas previsiones, lo más probable es que nuestros gobernantes continúen sucumbiendo a la tentación de recurrir a la creación de dinero inorgánico, con la terrible consecuencia de continuar alimentando el círculo vicioso del actual proceso hiperinflacionario.

Ciertamente, independientemente de todas las teorías conspirativas que sustentan la tan famosa "Guerra Económica", salir de esta crisis y salvar a nuestro pueblo de peores consecuencias de las que hoy día estamos viviendo, entre otras cosas, requiere de la solidaridad, compromiso y esfuerzo de todos (Gobernantes, Empresas, Trabajadores y Pueblo), indistintamente de nuestra postura política, social y económica. Sé que esto resultará difícil de asimilar para quienes, de forma extremista, afirman que este problema es culpa de todos los que en el pasado cometieron errores y desangraron a nuestro país, sin embargo, estoy convencida que la solución a nuestros problemas, independientemente de quienes sean los gobernantes de turno que representan al Estado, amerita del rol protagónico de todos los involucrados.

Soy de la opinión que no fue evaluado el impacto en el gasto de personal y su repercusión en los pasivos laborales, tanto para el sector privado como en la administración pública, antes de implementar la medida de ajustar el Salario Mínimo con un incremento del 5900℅. Es por ello que el Gobierno, una vez comprendido la magnitud del problema, de manera unilateral, sin consultar con los gremios y sindicatos de cada uno de los organismos públicos, decidieron aplicar nuevos tabuladores salariales, irrespetando las inter escalas y reduciendo la brecha entre el cargo de nivel más bajo y el más alto, discriminando así la meritocracia. 

En este sentido, siendo los sindicatos de cada gremio los representantes y garantes de que se respeten los derechos laborales, conquistados en las vigentes convenciones colectivas debidamente discutidas, refrendadas y legalizadas entre las partes, veo con suma preocupación el malestar colectivo y generalizado, inclusive entre los más radicales afectos al oficialismo, máxime cuando, en apenas 15 días del anuncio, el nuevo sueldo mínimo ya perdió poder adquisitivo, dados los incrementos en la mayoría de los precios de los bienes y servicios requeridos para contar con una calidad de vida digna.

En mi ánimo de plantear críticas constructivas, que aporten soluciones, he de ratificar mi opinión de que cualquier sacrificio que la masa trabajadora deba asumir para la recuperación de nuestro país, debería haberse realizado bajo el consenso entre las partes y nunca perdiendo los derechos conquistados en tantos años de lucha, quedando abolidos todos los beneficios socio-económicos que forman parte del salario integral de los trabajadores.

Sin menosprecio a los asesores de nuestros Gobernantes, a menos que los objetivos estén orientados a otros fines que me niego a aceptar, las medidas económicas recién implementadas deberían haber priorizado aquellas que erradicaran, en forma definitiva, el problema de raíz y mejoraran el poder adquisitivo de los trabajadores, sin que el incremento del salario hubiese sido tan desproporcionado. No me extenderé en sugerencias por cuanto ya están contenidas en reflexiones anteriores.

Ante las expectativas de conflictividad, que presumo vendrán en todos los sectores de la administración pública, ruego a Dios para que nuestros Gobernantes reflexionen e inicien un diálogo diáfano y sincero en el que se rectifique y se acuerde en consenso la cuota de sacrificio que deberemos asumir los trabajadores del Estado para contribuir en la salvación de la grave situación económica de nuestro país.

AMM.