9. REFLEXIONES SOBRE LOS AJUSTES EN LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS EN UNA ECONOMÍA HIPERINFLACIONARIA. Caso: Sector Panificación (04/09/2018)

Toda empresa, tanto pública como privada, debería ser gerenciada en términos de eficiencia. Las primeras, tienen que ser gestionadas para ser autosuficientes no incurriendo en pérdidas en las que posteriormente el Estado deba socorrerlas, subsidiando su ineficacia, aumentando así el gasto público y por ende el déficit fiscal. Mientras las empresas privadas, en esencia, buscan un fin de lucro, es decir, generar riqueza de acuerdo a los niveles de riesgos que estén dispuestos a asumir. El escenario ideal para que estas empresas logren sus objetivos es dentro del "círculo virtuoso de la economía" en un clima de estabilidad política, económica y jurídica; donde las reglas del juego estén basadas en una legislación transparente y bajo mecanismos de libre mercado, donde la competencia haga que sobrevivan aquellos que ofrezcan bienes y servicios en términos de mayor calidad, mejor precio y mejor servicio. Cuando este escenario ideal se enturbia, por la falta de confianza a consecuencia de medidas económicas desacertadas, surge la incertidumbre e inestabilidad entre los actores del sistema económico de un país. Ello se traduce en distorsiones en los mercados, creándose oportunidades de arbitraje, es decir, condiciones para que los especuladores obtengan beneficios importantes producto de comprar un bien “barato” en un mercado y venderlo más caro en otros mercados. Esto sucede la mayoría de las veces cuando hay exagerados controles, información privilegiada y un desequilibrio importante entre la oferta y la demanda derivada de la escasez de bienes.

En nuestro país, la génesis de nuestros problemas está en el Sistema del Control de Cambio, en todas sus modalidades (CADIVI, SITME, CENCOEX, SIMADI, DIPRO y DICOM), que permanece implementado desde hace 15 años, desembocando en esta terrible crisis hiperinflacionaria, acentuada hoy día, por la apertura de la importación de productos de primera necesidad (alimentos y materia prima) a través del mercado paralelo; todo ello con la venia de nuestros gobernantes.

En épocas de inflación, caracterizada por un escenario de incertidumbre y desconfianza, los costos de reposición de los inventarios de bienes ya elaborados y/o materia prima deben imputarse en las estructuras de costos según las expectativas a futuro, máxime cuando el incremento, en términos porcentuales, se estime mayor que el margen de comercialización obtenido en la venta de dicho bien. 

A manera de ejemplo, si un comerciante compra 10 unidades de “X” producto, cuyo costo unitario es de BsS. 100, éste deberá realizar una inversión de BsS. 1.000. Si decide vender a un precio de BsS. 130, lo que representa un margen de comercialización del 30%, el ingreso total después de vender todas las unidades será de BsS. 1.300. El comerciante, debería gestionar la reposición del inventario antes de agotarse la existencia para garantizar la rotación y continuidad del negocio. Cuando contacta al proveedor, éste le informa que el nuevo precio de este producto es BsS. 150, es decir, que el comerciante para reponer el mismo nivel de inventario, o sea las 10 unidades que inicialmente compró, deberá pagar la cantidad de BsS. 1.500, por lo cual, en teoría, no dispondrá de ese capital pues solo cuenta con la disponibilidad de BsS. 1.300 después de vender todas las unidades que mantenía en inventario al precio fijado; entonces, solo podrá comprar 8 unidades (1300/150) sacrificando su margen de comercialización. Como podemos ver en este ejemplo, el incremento en el costo para el comerciante fue del 50%, superior a su margen de comercialización del 30%. Si esta tendencia continua, convirtiéndose en un círculo vicioso “hiperinflacionario”, el comerciante cada vez que tenga que reponer inventario comprará menos unidades, hasta llegar al momento en el cual no podrá comprar ni siquiera una unidad, sentenciando el negocio a la quiebra, en otras palabras, el comerciante se descapitalizaría. En este sentido, considerando nuestra realidad actual, caracterizada por una hiperinflación aguda y continua, es lógico que los empresarios y comerciantes, estén continuamente evaluando los costos de reposición de sus inventarios de productos finales o materia prima con los proveedores e inevitablemente estarán obligados a ajustar sus estructuras de costos basándose en la información que refieran sus proveedores, para evitar descapitalizarse y el desenlace fatal de la quiebra de la empresa. Desafortunadamente, aquellas empresas y comercios en cuyas ventas predominen productos regulados por el Gobierno, están condenadas a quebrar pues lo más seguro será que sus ingresos no les permitirán cubrir los costos fijos. Este escenario resulta aún peor en aquellos casos, como por ejemplo el sector panificación que depende de la compra de materia prima importada, ya que el costo de la harina de trigo está afectado por la volatilidad de la fluctuación del tipo de cambio del mercado paralelo, mientras que los precios de venta de los productos finales están anclados a la moneda local.

Por analogía, esto es lo mismo que le sucede a los trabajadores cuando los incrementos en los sueldos mínimos están, en términos porcentuales, por debajo de los niveles de inflación, condenándolo a sufrir la consecuencia de la pérdida progresiva en su poder adquisitivo y deterioro en su calidad de vida. Así como las empresas y comercios se descapitalizan cuando tienen que disponer de sus ganancias para cubrir los costos y pérdidas, las familias trabajadoras también se descapitalizan cuando tienen que disponer de sus ahorros para poder cubrir sus necesidades básicas.

Ante el déficit de bienes de primera necesidad, principalmente productos alimenticios, desde mediados del año 2016, el Gobierno ha venido tomando medidas que no solo han resultado poco efectivas, sino que abrieron las puertas a un sinnúmero de demonios que han terminado por corromper, desde las bases, a buena parte de los actores de nuestra economía; con las consecuencias de lo que hoy en día estamos viviendo con un proceso hiperinflación. De manera que, en lugar de atacar el problema de raíz evitando la fuga de los alimentos que eran desviados por nuestras fronteras para ser vendidos en otros países y a su vez incentivar el aparato productivo nacional para aumentar su producción y por ende la oferta, además de estimular la creación de nuevas empresas que generen más empleos formales, con el fin de incrementar el PIB, solo se han abocado a tomar decisiones que, más que aportar soluciones definitivas, han servido solo como medidas para suavizar los consecuencias. Lamentablemente, las circunstancias de aquel entonces obligaron al Gobierno a, de forma tácita, permitir que muchos empresarios que, con capital privado, importaran, a dólar del mercado paralelo, bienes de primera necesidad para garantizar la alimentación del pueblo. De igual forma, sucedió con la política del Gobierno de ayudar al pueblo a través de las cajas del CLAP que contenían productos importados. Al respecto reitero mi opinión, plasmada en anteriores reflexiones, se sacrificó nuestro aparato productivo; privilegiando a la economía de otros países; es decir fortaleciendo el aparato productivo, las fuentes de empleo y pagando impuestos que solo benefician a las economías de los países de origen de esos productos. 

En resumen, la apertura de las importaciones basadas en el mercado paralelo, la disminución progresiva de nuestro Producto Interno Bruto, el deterioro del aparato productivo, las limitaciones en la asignación de divisas al tipo de cambio oficial, la perversión del ser humano para aprovecharse de las circunstancias adversas; se combinaron como ingredientes perfectos para activar una bomba de tiempo en un proceso hiperinflacionario, que pareciera no haber terminado de explotar y que dependerá de la conciencia, voluntad y participación de todos los involucrados para salvar a nuestro país de peores consecuencias de las que hasta este instante estamos viviendo. Lo primero y principal ha de ser que nuestros Gobernantes reflexionen con humildad, y en lugar de aplicar paliativos que ataquen las consecuencias se dediquen a erradicar las verdaderas causas del problema. El hecho de que nuestros Gobernantes reconozcan públicamente que se han fijado como meta reducir el déficit fiscal y no continuar emitiendo dinero inorgánico, es una señal positiva que asoma la intención de rectificar e intentar hacer las cosas bien. No obstante, se requiere tomar decisiones contundentes para atacar el problema de raíz, por lo cual, es indispensable que se desmonte el control de cambio para eliminar los efectos negativos que produce en nuestra economía las distorsiones entre los mercados de divisas (Oficial y Paralelo). En este punto, ratifico mi opinión de que se perdió una excelente oportunidad de sincerar y estabilizar la economía, considerando que en ese instante, toda la economía, menos los sueldos, estaba vinculada al referencial cambiario del mercado paralelo. Fijar el tipo de cambio oficial al precio de referencia en el mercado negro a razón de BsS. 60 por dólar, habría sido acertado si, simultáneamente al anuncio presidencial del viernes 17/08/2018, se hubiesen habilitado a todos los operadores cambiarios oficiales posibles, incluyendo a la banca pública y privada, para que todas las personas naturales y empresas privadas que quisieran vender divisas estuviesen dispuestas a venderlas legalmente a través del mercado oficial. De esta forma, la oferta de divisas, en el nuevo mercado oficial, habría estado garantizada, tanto por parte del sector público como del privado. Desafortunadamente, ya se creó una nueva brecha entre el nuevo mercado oficial y los marcadores del mercado paralelo; razón por la cual, nadie estará dispuesto a asumir el sacrificio de vender sus divisas en el mercado oficial (DICOM) a aproximadamente BsS. 60, teniendo la opción de venderlo por un precio mayor en el mercado paralelo y, peor aún, ante las limitaciones de oferta de divisas, por parte del mecanismo oficial, el mercado paralelo continuará atendiendo parte de la demanda que no será atendida por el mercado oficial. Lo peor de esto, y lo más probable, es que quienes sean afortunados en acceder al mecanismo oficial del DICOM, para la adquisición de dólares a BsS. 60, se verán tentados a especular en el mercado paralelo, puesto que el rendimiento del diferencial cambiario, entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, es más atractivo que las opciones de negocio que requieren más trabajo y asumir más riesgos.

Concretamente en el sector panadero, los constantes ajustes en la estructura de costos han sido trasladados al precio de venta del pan, afectando al pueblo consumidor. En este caso, la materia prima principal en el proceso de producción del pan es la harina de trigo, entre otros como la levadura, manteca, azúcar y sal. Anteriormente, la harina de trigo era suministrada por los proveedores relacionados con los Molinos Nacionales quienes, a su vez, para llevar a cabo su proceso productivo requerían de la principal materia prima que es el trigo, el cual solo puede ser importado ya que en nuestro país, por condiciones climáticas, no puede cosecharse. A finales del año 2015 e inicios de 2016 nuestro país se vio afectado, entre otras cosas, por los niveles críticos en las reservas internacionales, razón por la cual, ante las limitaciones de divisas al tipo de cambio oficial para importar esta materia prima, estos Molinos se vieron en la necesidad de limitar su capacidad operativa, bajando sus niveles de producción, con la consecuencia de una disminución en la oferta que resultó insuficiente para atender la demanda del sector de panificación, panaderos industriales y artesanales. Simultáneamente, la demanda de panes aumento significativamente como consecuencia de la escasez de otros artículos alimenticios como la pasta, el arroz, la harina pan, entre otros, convirtiéndose el pan en la primera opción para que el pueblo saciara el hambre. Asimismo, la reducción importante en nuestro Producto Interno Bruto y el desvío de producción nacional a través de las fronteras, gracias a pseudo empresarios inescrupulosos, significó una reducción importante en la oferta, en especial de alimentos, lo que obligó a los Gobernantes a tomar la medida de permitir que empresarios, con capacidad financiera, importaran alimentos utilizando el mercado paralelo. Es así como se inició el negocio de la harina de trigo importada y por ende, el tormento del sector panadero y el calvario del pueblo que, como consumidor final, es quien termina padeciendo las consecuencias. 

El trasfondo de este problema está en que el pan se vende a moneda local mientras que la materia prima (harina de trigo importada) se compra en dólares y al tipo de cambio paralelo, cuya volatilidad es impredecible. Es así como, en la experiencia vivida en estos últimos meses y en especial en el mes de agosto 2018, la fluctuación del tipo de cambio paralelo llegó a ser diaria, por lo que los proveedores de harina importada constantemente estaban informando a sus clientes panaderos la actualización del precio de venta. En este punto debo subrayar que cuando la devaluación en el tipo de cambio paralelo supera el margen de comercialización del panadero, la consecuencia es que el valor monetario de la venta no será suficiente para reponer los mismos niveles de inventarios de harina de trigo. Si esta realidad continúa aceleradamente y los panaderos no ajustan el precio de venta de su producto final, pan, tomando como referencia el costo de reposición de la harina de trigo, terminarán comprando cada vez menos, hasta llegar el momento en el que probablemente ya no puedan comprar la cantidad mínima que les permita generar ingresos suficientes para garantizar cubrir sus costos fijos. Esto, en términos financieros, se define como "descapitalización" y si no se toman decisiones acertadas y oportunas conllevaran a la muerte de la empresa, es decir, la quiebra, con el daño colateral de trabajadores desempleados, sin posibilidad de encontrar otra fuente de empleo, las comunidades aledañas tendrán una opción menos para satisfacer sus necesidades y el gobierno dejará de percibir ingresos por recaudación fiscal por cada empresa que termine fracasando.

Afortunadamente, hay señales claras de que nuestros Gobernantes están tomando algunas decisiones acertadas. Por una parte, priorizar la importación de trigo para fortalecer nuestras empresas procesadoras de harina de trigo (Molinos) para que se genere valor agregado nacional y se creen nuevas fuentes formales de empleo, además de pagar impuestos derivados de su prosperidad productiva y económica; y muy importante, sincerando sus precios de venta para garantizar cubrir sus estructuras de costos. Si esta medida logra activar la máxima capacidad operativa de los Molinos Nacionales y se eliminan a los intermediarios que, la mayoría de las veces, no solo entorpecen los canales de distribución sino que se prestan para gestar mecanismos de corrupción y desaparece el negocio de la harina de trigo importada, entonces se podrá ofrecer al pueblo pan a precios más accesibles y estables.

Para quienes no comprendan el exorbitante ajuste efectuado por el Gobierno para sincerar el precio de la harina de trigo industrial, pasando BsS. 23 aproximadamente a BsS. 900, lo que representa un incremento del 3800%, deben entender que dentro de la estructura de costo están reflejadas las incidencias salariales derivadas del ajuste del incremento del sueldo mínimo, así como el impacto del incremento en el precio de la gasolina y todo lo que implica los costos de mantenimiento de los transportes que son utilizados para la distribución de la mercancía a los distintos centros de distribución en todo el país. También es importante señalar que, este exorbitante ajuste en el precio de la harina de trigo nacional es también derivado del rezago en el cual el precio permaneció regulado. Seguramente, todos los molinos, amén que el trigo importado era comprado a dólar preferencias de BsF 10/$, el resto de los costos de producción y de comercialización fueron incrementándose de suerte que es probable que estas empresas estuviesen comprometidas en términos de rentabilidad y sostenibilidad.

Con las recientes medidas económicas anunciadas el viernes 17/08/2018, el Presidente ofreció ayudar a las empresas privadas a pagar sus nóminas con el nuevo sueldo mínimo de BsS. 1.800, por los próximos tres meses a partir del mes de septiembre. Obviamente, esta medida pretende que el impacto del gasto de personal no repercuta en la estructura de costos y no se refleje en el precio de venta de los bienes y servicios, cosa que inevitablemente se reflejará en el mes de diciembre cuando las empresas deban asumir el compromiso con sus trabajadores. Sin embargo, he de advertir a todos los empresarios y comerciantes, en especial al sector panadero, el cual ampara a un sector importante de la masa trabajadora directa e indirecta que, aun cuando el Gobierno pague el diferencial de la nómina hasta completar el salario mínimo de BsS. 1.800, igual deberán imputar en su estructura de costos las fracciones que correspondan a los conceptos de Vacaciones, Utilidades y Prestaciones Sociales; de tal forma que vayan tomando las previsiones para garantizar el cumplimiento de todos los compromisos laborales con sus trabajadores, tal como establece la LOTTT 2012. Es importante reforzar que las empresas privadas responsables requieren disciplina financiera, honestidad y buena gerencia, priorizando sus compromisos financieros en el siguiente orden: trabajadores (garantizando los compromisos laborales), proveedores (pagando sus deudas para garantizar la reposición de los inventarios), gobierno (pagando los impuestos) y si, finalmente, queda algo de ganancia, entonces será para los dueños (accionistas).

En relación al impacto de la deuda por concepto de Garantía de Prestaciones Sociales, en la que el método de la retroactividad favorece al trabajador en épocas de inflación, todos los empresarios deben estar conscientes que a partir del 01/09/2018 la deuda con sus trabajadores aumentó exponencialmente y seguramente las ganancias de los últimos años no compensa el valor de esa deuda, ya que no fueron previstas en las estructuras de costos en el pasado. Es probable que a partir de septiembre muchas empresas quiebren y tendrán que vender sus activos para honran los compromisos con sus trabajadores. Igual desafío se le presentará a aquellas empresas que tengan que pagarle la liquidación a algún trabajador que decida renunciar, pues el pago de la liquidación de éste afectará el flujo de caja y comprometerá la reposición de inventario e inclusive el pago de la nómina. En tal sentido, sugiero se determine el monto total de esta deuda y se fraccione en un periodo a futuro, a fin de ser considerado en las estructura de costo presente. Es mi deseo que todos los empresarios, en especial el sector de panificación, apuesten en positivo amparando a sus trabajadores con la convicción de que, defendiendo nuestras estructuras de costos y recibiendo el suministro continuo de toda la materia primar necesaria, podremos salir adelante y prosperar conjuntamente con todos los que nos rodean (Estado, empresas, trabajadores, clientes y pueblo). Es preciso hacer especial énfasis en que el pueblo y las empresas insertas en el aparato productivo tenemos que asumir un profundo cambio de conciencia y cultura fiscal para contribuir con los Gobernantes de turno, que representan al Estado, para que con el aporte de los impuestos ayudemos a combatir la grave crisis en la que se encuentra sumergida nuestra economía, reduciendo el déficit fiscal y erradicando la inflación.

Es importante entender que la recuperación de nuestro país requiere la voluntad y el aporte de todos los involucrados, de tal forma que, con la bendición de Dios, podamos construir ese gran país con el que todos soñamos; ello dependerá del esfuerzo, trabajo honesto y contribución de todos los que seguimos apostando por un mejor futuro. Necesitamos cambiar el actual paradigma de sociedad, que tristemente está pervertido. Hay que construir un modelo en el que se recuperen muchos valores olvidados como la solidaridad entre hermanos, la empatía, el sentido de pertenencia hacia nuestro país y las instituciones a las que pertenecemos, la educación y el trabajo como únicos camino a la libertad y prosperidad.

AMM.